La ley deja fuera de esta medida a los “inquiokupas” personas que solo pagan la primera mensualidad de renta y los primeros gastos y luego agotan todos lo trámites para estar en el inmueble el mayor tiempo posible sin necesidad de pagar nada. También en los casos en los que existe un contrato falso o justificantes engañosos que sólo sirven para retrasar los desalojos.

Tampoco contempla los inquilinos comunes que en algún momento dejan de pagar la renta, por lo que en estos casos, la medida es insuficiente, pues no defiende los intereses de estos propietarios, que se ven obligados a tener que recurrir a las siempre difíciles y largas gestiones burocráticas y legales para recuperar sus viviendas.